Quizá uno de los principales problemas en relación a la renta petrolera y minera en la región tenga que ver con que su definición y distribución es objeto de permanentes debates ideológicos que a menudo ocultan los retos particulares que enfrenta cada país en su gestión. Continuos cambios en la política petrolera y minera, muchas veces en direcciones contrarias como en el caso de Argentina o Bolivia en la última década, además de ser fuentes de inestabilidad y probablemente desincentivar la inversión extranjera, son indicativos de que la política del sector extractivo es un asunto gubernamental y no de Estado. No se define el rumbo del sector a partir de un acuerdo social global fruto de un debate generalizado entre todos los actores involucrados (empresas, entidades gubernamentales, organizaciones sociales, gobiernos locales, etc.) sino en función de los grupos de interés en el poder, sujeto así al vaivén entre promotores de la ideología neoliberal y defensores de una versión neo-extractivista de izquierda. El fuerte componente técnico y el populismo que acompañan los debates del sector, dificultan también la socialización de los mismos.
El tema petrolero o minero está así rodeado de mitos extremistas. Para unos se trata de incrementar a como de lugar la participación del Estado, lo que es sin duda un objetivo justo, siempre y cuando no se ponga en juego la sostenibilidad del sector. Si en el caso Venezolano y Mexicano, la participación estatal es significativa y permite financiar el gasto social, ideologizar el debate y llevar al extremo el manejo político y no técnico, puede llevar a las mismas empresas estatales a perder competitividad en el largo plazo como parecería suceder con PEMEX y PDVSA o incluso con PetroEcuador. La ausencia de un programa serio de inversiones y el bloqueo a la inversión privada, podría poner en juego el autoabastecimiento del país como sucede en el caso mexicano. Para otros, en el otro lado, se trata de acabar a como de lugar con la participación del Estado en el sector, percibida como fuente de corrupción e ineficiencia. No obstante, la privatización de las empresas estatales disminuye la posibilidad de que el Estado, y así la sociedad en general, se beneficie de la renta petrolera y minera. En efecto, como lo muestra el estudio de Campodónico para la CEPAL (2008), la presencia de una empresa estatal en Chile y su ausencia en Perú es la principal razón que explica la menor renta minera estatal en este último país. Pero adicionalmente, la privatización de las empresas estatales tampoco es garantía de mayores niveles de inversión, como lo demuestra el caso Argentino, donde el Estado ha perdido el control para incentivar el aumento de la reservas y las empresas privadas parecen tener otras prioridades de inversión en la región.
Aunque es difícil y hasta inconveniente pensar en un debate neutro, apolítico y desideologizado, si es fundamental poner todas las cartas sobre la mesa. Abrir el debate para que todos los actores puedan exponer sus puntos de vista y aunque no se logren consensos al menos se establezcan acuerdos que fortalezcan la posición y participación de los Estados, al tiempo que garantizan el desarrollo del sector y la rentabilidad de las empresas. No hay modelos, cada país debe encontrar su propio punto de equilibro. Los casos de Brasil o Chile podrían ser ejemplos interesantes, aunque con aproximaciones político-ideológicas diferentes. Al tiempo que se insertan en la globalización y se abren a capitales privados, fortalecen sus empresas estatales y las hacen competitivas, garantizando así una participación importante del Estado.
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